La situación social en la Argentina

por Lupica, Carina · 5 Comentarios

En los encuentros y asambleas trienales de Cáritas Argentina se intenta conocer y comprender la realidad global del país sin perder de vista las diversidades y particularidades de cada una de sus regiones, tratando de conceptualizar y cuantificar algunas de las principales problemáticas sociales que aún afectan a millones de argentinos, con el fin de trazar las líneas estratégicas que guiarán la acción de la institución en los próximos años. Este año más de 400 delegados participaron del XV Encuentro y Asamblea Nacional realizado en Guaymallén, Mendoza.

Las estadísticas reflejan la recuperación de la economía y el quiebre de la tendencia negativa de los indicadores sociales. Basta citar estas cifras: 37 meses de crecimiento ininterrumpido con tasas promedio cercanas al 9% del PBI (período 2003-2005), disminución de la pobreza del 53% (mayo 2002) al 31.4% (1er. semestre 2006), descenso de la tasa de desocupación, que pasó del 20.8% (mayo 2002) al 10.9% (1er. semestre 2006) 1.

Sin embargo, si se toman en cuenta períodos más prolongados, se puede constatar que gran parte de la población ha sufrido un deterioro gradual y constante de sus condiciones de vida. De esta manera, la pobreza, el desempleo y la desigualdad se han convertido –con el correr de los años– en problemas sociales estructurales de la Argentina.

La pobreza

Es posible definir la pobreza como una situación donde se “limita el acceso a bienes materiales y culturales y a la información, impidiendo el flujo de recursos y la acumulación de activos. Las familias se ven afectadas por una situación integral que, si bien no siempre implica la insatisfacción de todas las necesidades básicas, limita el desarrollo humano de sus miembros y les impide participar decorosamente del estilo de vida prevaleciente en una sociedad dada y en un tiempo histórico determinado”. (Redondo 2002: 29)

Siguiendo uno de los enfoques tradicionales de medición de pobreza por ingresos y  tomando como referencia los valores máximos de la crisis de fines del 2001, se puede decir que los niveles de pobreza 2 disminuyeron cerca del 40%, pasando del 53% de la población (mayo 2002) al 31.4% (1er. semestre 2006). Lo mismo sucede con los niveles de indigencia 3 que se redujeron un 55%, pasando del 25% de la población (mayo 2002) al 11.2% (INDEC, EPH, 1er. semestre 2006). A pesar de estas significativas reducciones, en la actualidad 11.3 millones de personas son pobres, de los cuales 4 millones son indigentes 4. De esta manera, la pobreza en la Argentina se ha constituido a lo largo del tiempo en un fenómeno de masas, y no ya de una pequeña minoría como en el pasado.

En el Gran Buenos Aires (GBA) se puede constatar que en los últimos 30 años, la proporción de población bajo la línea de pobreza creció aproximadamente 10 veces, pasando de 3.2% a 29.4%. En igual período, la proporción de la población por debajo de la línea de indigencia se multiplicó casi por 6, pasando de 1.8% a 10.3% en el mismo aglomerado.

Asimismo, existen diferencias significativas en los niveles de pobreza en el interior del país. Mientras que en la Patagonia el 21.5% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y el 6.5% bajo la línea de indigencia, estos porcentajes trepan al  48.0% y 17.6% respectivamente en el noreste y al 54.0% y 22.7% en el noroeste. (INDEC, EPH, 1er.  semestre 2006). Esto muestra las significativas brechas interregionales vigentes en el país.

Por otra parte, la pobreza no es un fenómeno homogéneo. Se debe distinguir, al menos, entre dos perfiles en la carencia de recursos: la pobreza estructural o heredada y la pobreza adquirida o reciente, que hace referencia a contextos variables que dan lugar a privaciones temporarias de ingresos monetarios. Estos dos grupos presentan características diferenciales. El primero está compuesto por aquella proporción de la población que estaba y permanece en situación de pobreza (núcleo duro y estable), mientras que el segundo está constituido por quienes pueden entrar y salir transitoriamente de dicha situación (pobreza transitoria). Pero “el interrogante crucial es, sin duda, cuánto tiempo de privaciones pueden soportar estas familias o personas hasta agotar su patrimonio –tanto en capital humano, como en activos habitacionales– y comenzar a vivir y reproducirse en situación de pobreza estructural, es decir, careciendo de acceso a servicios públicos indispensables” (Redondo 2002:37).

De la misma manera, la situación de pobreza afecta de forma diferente según la trayectoria de vida de cada persona. El enfoque del ciclo de vida reconoce que el impacto de un evento histórico sobre las personas y, en consecuencia, sobre el conjunto del sistema social, depende en parte de la edad en que se experimenta dicho evento.  En este sentido, se distinguen tres grupos de alta vulnerabilidad: los niños, los jóvenes y los adultos mayores. La alta vulnerabilidad se debe a que consumen bienes y servicios que no producen, es decir, que para satisfacer sus necesidades, dependen de las transferencias que realicen sus familias o el Estado y porque –especialmente para el grupo de los niños y jóvenes– las situaciones de privación actuales afectan tanto las oportunidades presentes como su perspectiva en el futuro.

Los más vulnerables: los niños, los jóvenes y los adultos mayores

Los primeros años de vida condicionan las capacidades físicas, mentales y emocionales de una persona. Es la etapa formativa, de creación y acumulación de activos intelectuales, psicosociales, afectivos que el niño utilizará para el desarrollo de su potencial. Allí radica la importancia de asegurarles las condiciones básicas en materias de alimentación, salud, educación o de poder compensar estas falencias mediante intervenciones tempranas.

En la Argentina viven 9.5 millones de niños menores de 14 años, de los cuales el 49.5% 4.7 millones) vive en situación de pobreza e incluso el 20.5% (1.9 millones) lo hace en condiciones de indigencia 5. Esto significa que 1 de cada 2 niños es pobre y que 1 de cada 5 vive en familias cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos.

Es justamente en esta etapa donde comienzan las desventajas entre los niños pobres y los no pobres, situación que condicionará en gran medida su desarrollo en toda su vida. Basta mencionar estos ejemplos: nace con bajo peso el 10% de los niños pobres y el 5% de los niños no pobres; no tiene cobertura de salud el 60% de los niños pobres y el 10% de los niños no pobres; asiste a un jardín de infantes sólo el 29% de los niños pobres y el 90% de los niños no pobres; y repite el primario el 25% de los niños pobres y el 5% de los no pobres 6.

Tomando en consideración a los jóvenes, el segundo grupo vulnerable, las estadísticas muestran que en la Argentina hay 5.8 millones de personas en la franja de 14 a 22 años de los cuales el 41.4% (2.4 millones) son pobres e incluso el 15.1% (877 mil) son indigentes 7. En esta etapa de la vida, la educación es percibida como un valor, pero mientras para los jóvenes de bajos recursos la educación es un valor a pesar de la adversidad y la pobreza, para los jóvenes de recursos medios, la educación y los estudios constituyen la esencia del discurso. (PNUD 2005)

Muchas veces, la educación es compartida o reemplazada por el trabajo en esta etapa de la vida. Pero los jóvenes que abandonan sus estudios no logran insertarse en el mundo del trabajo o lo hacen en condiciones de precariedad. El 30% de los jóvenes pobres abandona los estudios y el 34.6% está desempleado. (INDEC, EPH, octubre 2001).

De esta forma, se va conformando un núcleo duro de jóvenes que no estudian ni trabajan. Son 1.3 millones, es decir, al 19.1% de jóvenes entre 15 y 24 años. (Rodríguez Larreta y Vidal, 2006)

Por último, respecto de los adultos mayores, el tercer grupo de alta vulnerabilidad, cabe señalar que en esta etapa de la vida se incrementan las necesidades de consumo, especialmente de servicios médicos y cuidados personales, a la vez que disminuyen las posibilidades de producir ingresos. En la Argentina viven 3.5 millones de adultos de 65 años y más, de los cuales 559 mil (15. 9%) son pobres, incluso 129 mil (3.6%) son indigentes 8. “Hoy, el 30% de la población de 70 años y más carece de cobertura previsional y más de la tercera parte de esta población vive en hogares extendidos o compuestos. Debido a los altos porcentajes de pobreza e indigencia existentes en nuestro país en la actualidad, el ingreso mínimo que la población mayor recibe a través del sistema previsional es el único ingreso seguro de muchas familias”. (Rodríguez Larreta y Vidal, 2006:37)

Como ya se expresó, la extensión y la intensidad de la pobreza, especialmente en los niños y en los jóvenes, afecta su situación actual pero también condiciona sus perspectivas de vida futura.

La situación laboral

Si bien el comportamiento de los indicadores en materia de empleo, ingresos y satisfacción laboral también mejoró sustancialmente en los últimos 5 años, millones de argentinos continúan con problemas para acceder o mantener un trabajo, y mucho más si se trata de un empleo de calidad. Y esto es particularmente importante ya que “para el pensamiento filosófico contemporáneo, el trabajo es un ámbito privilegiado de integración a la vida social. El trabajo permite participar en un espacio de construcción de relaciones sociales, motiva proyectos vitales y es fuente de identidad, realización de proyectos y autovaloración”. (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2005:153)

Actualmente, 2.3 millones de personas –22.4% de la población económicamente activa (PEA)– están insatisfechos con el lugar que ocupan en el mercado de trabajo, ya sea porque están desocupados (1.1 millones de personas o 10.9% de la PEA) o porque están subocupados (1.2 millones de personas o el 11.5% de la PEA). Cabe destacar, que el desempleo trepa al 12.8% de la PEA si se considera desocupados a los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar. (INDEC, EPH, 1er. semestre 2006).

Asimismo, en la actualidad tener empleo no es condición suficiente para salir de la pobreza. El 22% de los ocupados (3 millones de personas) pertenece a un hogar pobre, incluso el 7% pertenece a un hogar indigente 9.

Por otra parte, existe el problema de la precariedad laboral, donde el empleo no registrado es uno de sus principales exponentes. En la actualidad, el 40% de los asalariados trabaja en negro, ganan 3 veces menos que un asalariado registrado ($315 contra $845), siendo los más perjudicados: las mujeres (58.8%), los jóvenes (70.4%), personas con bajo nivel educativo (66.8% primario incompleto), trabajadores de pequeñas empresas (72.5%) y quienes se desempeñan en el servicio doméstico (96.4%) y en la construcción (78.8%). (MTEySS, 2004)

Así como la educación es un tema fundamental entre los adolescentes y jóvenes, el trabajo está en el centro de las preocupaciones de los adultos. Pero mientras que para los adultos de bajos recursos la inquietud principal radica en la falta de trabajo, en la inestabilidad y la incapacidad de quienes trabajan en el hogar de proveer lo básico, para los adultos de recursos medios esa inquietud reside en la incapacidad de acumulación, con un eterno riesgo de tener que empezar de nuevo. (PNUD 2005)

La desigualdad

En nuestro país el 10% de los más ricos recibe el 36.4% del total de ingresos generados, mientras que el 10% de los más pobres percibe sólo el 1.3%. Esta brecha se configuró durante el transcurso de los últimos 25 años. De esta forma, mientras que en 1974 el 10% más rico de la población ganaba 9.5 veces más que el 10% más pobre, hoy esa distancia se multiplicó por 31. (Fundación Grupo Sophia, 2006)

Pero el problema de la desigualdad no debe circunscribirse sólo a la brecha existente en la percepción de los ingresos sino, y principalmente, en la diferencia de oportunidades que existen entre los distintos grupos socioeconómicos, diferencia claramente manifiesta en el alto porcentaje de hogares vulnerables afectados por carencias en la alimentación, la salud y la habitabilidad.

La consecuencia de un persistente agravamiento de la desigualdad es el deterioro gradual de la cohesión social y la consecuente amenaza de fragmentación social. Revertir estos procesos erosivos “requiere la coordinación sistemática de una eficaz política macroeconómica y de políticas activas que propicien la redistribución de oportunidades de progreso y movilicen los recursos internos –humanos, financieros y naturales– no aprovechados. En cualquier caso, la estrategia debería estar orientada a universalizar las oportunidades de trabajo decente, posibilitar el desarrollo humano y social de los sectores más postergados y garantizar una red, también universal, de seguridad social”. (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2005)

A modo de síntesis

De acuerdo a los principales indicadores socio-económicos y laborales la situación social argentina presenta notables mejoras después de la gran crisis de 2001, y la tendencia de crecimiento de la economía se mantiene; sin embargo, gran parte de la sociedad sigue afectada por privaciones y condiciones de vida precarias.      

Los problemas sociales de la pobreza, el desempleo y la desigualdad se han constituido en fenómenos estructurales, abarcando a millones de argentinos que necesitan y merecen una respuesta inmediata.

La pobreza atañe a toda la sociedad y no sólo a quienes la padecen; no consiste solamente en carencia de ingresos sino de condiciones y oportunidades para el desarrollo humano. Asimismo, es un fenómeno de mayorías, es heterogénea y afecta principalmente a niños, jóvenes y adultos mayores quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, ya que para satisfacer sus necesidades, dependen de las transferencias de sus familias o el Estado. Además, en particular para los niños y jóvenes, las situaciones de privación actuales condicionan sus perspectivas de desarrollo en el futuro.

Al pensar las posibles respuestas a estas problemáticas, es necesario recordar que “cualquier estrategia de reducción de la pobreza en el país requiere una estrategia de crecimiento económico que incorpore los temas de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza como condición de posibilidad del Desarrollo Humano. Se trata de asegurar las condiciones materiales de educabilidad, de salud, de capacidades de ejercer la libertad, en ausencia de las cuales nada pueden hacer la escuela, las políticas de salud, las libertades políticas”. (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2005)

La sociedad en su conjunto está más y mejor informada respecto de esta temática, y se perciben actitudes participativas y de compromiso, lo que favorece la búsqueda conjunta de respuestas y soluciones estables en el tiempo. 

Estamos ante la necesidad y la oportunidad de diseñar y realizar en el marco del diálogo y la participación una sociedad más justa e inclusiva para todos.

Versión de la presentación realizada en el marco de la XV Encuentro y Asamblea Nacional de Cáritas Argentina, Guaymallén, Mendoza, abril 2006.

Bibliografía consultada

•  Fundación Grupo Sophia (2006), “Distribución del ingreso en Argentina”. Documento de Trabajo. Marzo 2006.

•  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2004), “Diagnóstico del empleo no registrado” – 1er. Trimestre 2004. Serie Trabajo, Ocupación y Empleo. Estudios 2004 Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales.

•  Observatorio de la Deuda Social Argentina (2005), Barómetro de la Deuda Social Argentina. Las desigualdades persistentes. Universidad Católica Argentina, 2005.

•  PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2005), “Argentina después de la crisis, un tiempo de oportunidades”. Informe de Desarrollo Humano 2005. Sinopsis.

•  PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2003), “Aportes para el Desarrollo Humano de la Argentina/2002”. PNUD Argentina. Segunda edición, abril 2003.

•  Redondo, Nélida (2002) “Pobreza urbana y reproducción social en la Argentina y al finalizar la convertibilidad”. UCA, Programa La Deuda Social Argentina. Buenos Aires, Diciembre, 2002.

•  Rodríguez Larreta Horacio y Vidal María Eugenia (2005), ¿Qué hacer después del default social?Fundación Grupo Sophia y Fundación Konrad Adenauer. Editorial Prometeo Libros.

1. INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

2. Población cuyos ingresos familiares no cubren el valor de una canasta básica de bienes y servicios, valuada en $ 945,30 para una familia con 3.36 adultos equivalentes (INDEC, octubre 2006).

3. Población cuyos ingresos familiares no cubren el valor de una canasta básica alimentaria, cuyo valor es de $ 281,30 para una familia con 3.36 adultos equivalentes (INDEC, octubre 2006).

4. Ejercicio metodológico de extrapolación de los porcentajes obtenidos a partir de la EPH sobre 28 aglomerados urbanos (23.4 millones de habitantes), a la población total (36.2 millones de habitantes, según CENSO 2001).

5. Cantidad de población total en base al CENSO 2001. Porcentajes de pobreza e indigencia INDEC, EPH 1º semestre 2006. Cantidad de población pobre e indigente resulta de extrapolar los porcentajes de la EPH a la población total.

6. Fundación Grupo Sophia (2005). Red de Protección Social. Presentación.

7. Cantidad de población total en base al CENSO 2001. Porcentajes de pobreza e indigencia INDEC, EPH 1er. semestre 2006. Cantidad de población pobre e indigente resulta de extrapolar los porcentajes de la EPH a la población total.

8. Cantidad de población total en base al Censo 2001. Porcentajes de pobreza e indigencia INDEC, EPH 1er. semestre 2006. Cantidad de población pobre e indigente resulta de extrapolar los porcentajes de la EPH a la población total.

9. “Pobres con empleo”. Ernesto Kritz, director del SEL. El Cronista, 20 de abril de 2006.

La Argentina hoy - Los movimientos sociales

Autor(es): Palomino, Héctor

Palomino, Héctor. Sociólogo, doctorando en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es actualmente Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, y Profesor Titular en la Fundación Walter Benjamin. Investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Martín (UNSAM).

Introducción

Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejan los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales a través de nuevas formas de organización. Los cambios en las formas del trabajo, en sus dimensiones contractuales y organizativas, sostienen un enfoque más atento a la construcción social de los movimientos y no sólo a sus formas de protesta y movilización, concebidas aquí como emergentes de una actividad más vasta de creación de lazos y organizaciones sociales.

Los emprendimientos encarados por los movimientos de trabajadores de empresas recuperadas, organizaciones de desocupados y asambleas barriales se inscriben en lo que tiende a denominarse actualmente "economía social", un espacio público donde el trabajo no se intercambia sólo ni principalmente por remuneraciones monetarias. Pero a diferencia de las formas que prevalecieran anteriormente en este campo, las impulsadas actualmente por los movimientos adquieren una dimensión política: en estas nuevas formas el trabajo es la política.

1. El trabajo es la política

La pobreza y el desempleo constituyen hoy el núcleo de deslegitimación del sistema económico vigente, lo que elnormal funcionamiento de la economía de mercado no puede resolver. Como contrapartida, los movimientos sociales obtienen buena parte de su legitimidad mostrando, de cara a la sociedad, soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema económico institucionalizado.

Los movimientos sociales se orientan hacia la construcción de redes de economía alternativa que les posibiliten consolidar su desarrollo, partiendo de las necesidades e impulsando la generación de actividades en el marco de una nueva economía social. Esta estrategia plantea una respuesta al problema central que ni el funcionamiento de la economía formal ni las iniciativas estatales pueden resolver en el corto plazo: la generación de empleos.

La respuesta estatal ha sido desplazar el problema del empleo al ámbito de la política social, mediante la implementación de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados. Esto refleja las dificultades de una economía que sólo puede generar empleos de manera paulatina y lenta, contrastando con la magnitud del desempleo, que afecta a unos dos millones de desocupados que reciben subsidios, y aproximadamente otros 2,2 millones que no los reciben[1].

El desarrollo de una nueva economía social impulsada por los movimientos constituye una orientación netamente política, diferente tanto de la que prevaleciera en la década de los años noventa como del desarrollo secular de las cooperativas en la Argentina. Mientras que durante los años noventa diversas formas de economía social y solidaria fueron implementadas como medidas compensatorias al retiro de la intervención estatal, las estrategias formuladas por los movimientos sociales actuales se orientan sobre todo a sustituir el mercado. Con respecto a las cooperativas, las nuevas formas de economía social y solidaria mantienen con ellas relaciones instrumentales y en algunos casos de complementariedad. Además, los movimientos promueven la participación y la horizontalidad en la toma de decisiones, lo que difieren de las formas delegativas y jerárquicas de gestión prevalecientes en las cooperativas tradicionales.

2. Algunas características de los proyectos de autogestión de los nuevos movimientos sociales

Las representaciones del trabajo en la nueva economía social cuestionan las modalidades tradicionales del trabajo asalariado. Este cuestionamiento se centra en la explotación del trabajo supuesta en las relaciones de dependencia salarial y en la subordinación organizativa, a la que se oponen mecanismos diversos de autogestión y cooperación en el trabajo.

Las nuevas redes alternativas en formación incorporan actores colectivos con motivaciones diferentes: en las de las organizaciones de desocupados son las necesidades de subsistencia básica, terreno en el cual deben afrontar la contradicción entre apelar sistemáticamente a subsidios, o independizarse de los mismos impulsando emprendimientos autosustentables. La primera estrategia conduce a sostener una política que reproduce de modo permanente las condiciones que lo originaron, en este caso, sostener la movilización social por el reclamo de subsidios[2]. La segunda estrategia conduce a las organizaciones de desocupados a abandonar el reclamo por subsidios, para lo cual deben ampliar la articulación en redes a fin de ampliar la escala de los emprendimientos e, incluso, para competir en el mercado.

Los trabajadores de empresas recuperadas, en cambio, buscan consolidar su comunidad de trabajo. Su articulación en redes con otros actores se realiza con la finalidad de ampliar la escala de sus actividades y para fortalecer los lazos solidarios y políticos que compensen su precariedad jurídica y económica. Para las asambleas barriales el impulso de la nueva economía social y solidaria adquiere un decidido matiz político, como modo de articulación con otros movimientos, como forma de intervención en el espacio urbano y como desarrollo alternativo al del sistema económico vigente.

2.1. Los piquetes

Los movimientos de desocupados están conformados por varias decenas de grupos que responden a orientaciones políticas diferentes: algunas se vinculan con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegian su autonomía con respecto a los mismos; otros siguen a líderes populistas. De este modo, una misma denominación, piqueteros, recubre orientaciones muy distintas, más allá de su enorme impacto político y sobre todo mediático.

En esta presencia inciden, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos piqueteros, su capacidad de movilización agregada -la de todas las organizaciones que agrupan a los desocupados- incluye más de 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados, por lo que más que su dimensión, es la acción misma de los piquetes la que explica su visibilidad: los cortes de ruta alcanzan un fuerte efecto político, multiplicado a través de los medios de comunicación. Se trata de acciones maximalistas, que contrastan con los fines en principio minimalistas que animan las movilizaciones: éstas se circunscriben en su mayoría a la obtención de subsidios por desempleo y bolsas de alimentos.

Aunque algunos grupos piqueteros se limitan sólo a sostener estos reclamos, otros destinan los recursos hacia actividades diversas, desarrollando desde hace varios años acciones de alcance más vasto en el seno de las comunidades en las que están implantados territorialmente: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que vuelcan los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. De este modo, los cortes de ruta constituyen sólo la punta del iceberg de una construcción social mucho más compleja.

La organización de estas actividades económicas adquiere formas autogestionarias y cooperativas, aunque en los diferentes grupos piqueteros no existen criterios comunes sobre el carácter de estos emprendimientos, su viabilidad y desarrollo futuro. Algunos plantean enfoques distributivos radicales sobre el producto de los emprendimientos autogestionados, rechazan la generación de excedentes, o bien distribuyen estos excedentes entre los productores y sus familias. El fundamento de este enfoque remite a una concepción más general que identifica la noción de excedente económico con la de plusvalía y el beneficio privado, asimilación conceptual que lleva al extremo de rechazar la generación de excedentes en nombre del imperativo moral de rechazo al capitalismo. Aunque esto pueda ser discutible en términos económicos y filosóficos, tiene efectos prácticos considerables sobre la movilización permanente de los piqueteros: mientras los proyectos productivos autogestionados no generen condiciones de sustentabilidad económica en el mediano y largo plazo, se reproducen las condiciones para seguir reclamando subsidios y recursos al Estado. Por eso, más allá de su impacto económico, este enfoque tiene efectos importantes en el reforzamiento de la identidad grupal y en el estímulo de la actividad piquetera.

Otros grupos de desocupados, por el contrario, enfocan el desarrollo de proyectos autogestionados sustentables en el tiempo. Un ejemplo lo constituyen las propuestas de un grupo piquetero implantado en la zona sur del Gran Buenos Aires que nuclea una amplia red conformada con familias de desocupados, en muchos casos migrantes indígenas provenientes del norte de la provincia de Santa Fe[3]. Centrados en la producción frutihortícola en la zona de quintas que proveen buena parte del consumo de alimentos frescos a la ciudad de Buenos Aires, estos trabajadores buscan desarrollar emprendimientos sustentables, donde la generación de excedentes asegura el mantenimiento y expansión económica de su producción, de modo de alcanzar la independencia de los subsidios oficiales. Esta generación de excedentes se destina a fortalecer las relaciones sociales y comunitarias y no se identifica con el lucro capitalista. En relación con este objetivo, la participación en piquetes es un medio de obtención de recursos para los emprendimientos autogestionados, y no un fin en sí mismo, lo que plantea además una definición de su identidad como desocupados previa a la identidad piquetera.

Aunque entre los distintos grupos piqueteros este debate es incipiente, se constata que todos ellos, incluso los vinculados con partidos políticos, se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos y exploran las posibilidades de desarrollo de una nueva economía implantada en redes sociales que trascienden a la economía capitalista.

2.2. Los trabajadores de empresas recuperadas

La visibilidad pública del movimiento de las empresas recuperadas por los trabajadores es reciente. Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación o por dificultades para exportar (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etcétera) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, falta de cumplimiento empresario de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social, etcétera. La recuperación de las empresas supone la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores toman a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguran un cierto capital de trabajo, y fijan una retribución mínima para su trabajo consistente en retiros periódicos equivalentes a un sueldo mínimo, a veces combinados con pagos en especie o mercaderías.

En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio una deserción empresaria, que puede ser parcial o total. Si es parcial, es posible que los anteriores propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. Estas formas son variadas, aunque entre ellas prevalecen las cooperativas; inicialmente se propusieron nuevas figuras, como la de "estatización con control obrero" que no llegó a concretarse plenamente, pero también figuras más tradicionales como la participación accionaria en sociedades anónimas. En cualquiera de estas formas los trabajadores deben tomar a su cargo la gestión, por lo que deben redefinir su rol dependiente y subordinado en el contrato y la organización del trabajo. Además de hacerse cargo de la responsabilidad en la gestión, esto abre una instancia de redefinición de la relación de los trabajadores con el sindicato.

Si bien los trabajadores de empresas recuperadas son percibidos como un movimiento, contienen diversas corrientes, actores y organizaciones que se consolidaron y renovaron a partir del colapso institucional de diciembre de 2001: en el seno de la crisis económica, la recuperación de empresas fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad. Las distintas organizaciones del movimiento proporcionan asesoría legal, técnica y política a los trabajadores y, al recoger las diversas experiencias, reproducen y difunden la exploración y el aprendizaje de una nueva economía.

Los trabajadores que recuperan empresas replantean la jerarquía relativa del derecho al trabajo y de la propiedad privada. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegian el derecho de propiedad, los trabajadores erigen como central el derecho al trabajo y ponen en discusión la función social de la propiedad. No se trata de una discusión puramente retórica, sino que se traduce en la instalación de procedimientos jurídicos inéditos, que anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalecen en el derecho mercantil.

La recuperación de empresas constituye un ejemplo de la lucha por la ampliación de los derechos sociales y obliga a reflexionar sobre su impacto en la sociedad, más allá de sus dimensiones intrínsecas. En efecto, la distancia entre éstas y sus efectos culturales y sociales es inmensa, ya que unas pocas empresas -alrededor de 150- dispersas en el territorio, diversas por sus actividades y por las tradiciones políticas de los diez mil trabajadores que agrupan, ponen en cuestión el conjunto del sistema de relaciones laborales. Al asumir la autogestión en unas pocas unidades productivas, los trabajadores bloquean la herramienta privilegiada de los empresarios en la negociación colectiva: éstos ya no pueden apelar a su recurso de última instancia, el cierre del establecimiento (huelga de inversiones o lock out) como instrumento de presión sobre los trabajadores, quienes, ante la amenaza, pueden contestar ahora con la posibilidad de ocupar y autogestionar las empresas en dificultades. De allí que no cabe medir la fuerza del movimiento de empresas recuperadas exclusivamente en términos de su dimensión -reducida- sino en términos de sus efectos culturales, políticos y sociales más amplios.

2.3. Las asambleas barriales

La respuesta más novedosa de quienes optaron por la voz y la protesta ante el colapso institucional del 2001 fue la de quienes organizaron espontáneamente las asambleas barriales en Buenos Aires, en varios partidos del conurbano y en ciudades del interior del país como La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba. Las asambleas barriales expresan las capacidades de auto organización de la sociedad, de construir y regenerar lazos sociales, que no son reconocidas en la cúspide del sistema político, donde se las concibe como un factor de inestabilidad, precisamente por la dificultad de controlar y canalizar las movilizaciones dentro del esquema institucional vigente. El contraste entre estas nuevas formas de apropiación del espacio público ciudadano, impulsadas por la utopía de realización de una democracia directa que cuestiona las formas de representación de la democracia delegativa, contrasta vivamente con la privatización del espacio público extendida en los años noventa. Las nuevas modalidades de protesta social proponen otras formas de ocupación de ese espacio y también de acceso a los servicios públicos. En las asambleas barriales las medidas de acción directa vinculadas con cuestiones políticas generales y de reclamos a los poderes públicos se combinan y se establecen en tensión con cuestiones y necesidades locales, como las vinculadas con la provisión de insumos para los centros de salud y hospitales, con compras comunitarias o con la creación de huertas orgánicas, pequeños emprendimientos, bolsas de trabajo para desocupados. Las asambleas barriales fueron generando emprendimientos productivos autónomos, fijando su horizonte de acción a través de objetivos que trascienden el plano político-institucional y apuntan a intervenir en el plano económico y social, a través del desarrollo de experiencias de una nueva economía, que busca nuevas respuestas para resolver la crisis de los sistemas educativo, de salud, etcétera. Aportan un factor importante para el desarrollo de la economía social y solidaria: la politización de la esfera de la reproducción social, del consumo y la distribución de bienes y servicios, factor presente también en las empresas recuperadas por sus trabajadores y en las actividades de los grupos piqueteros. Pero mientras que en éstos priman sobre todo las necesidades, en las asambleas los emprendimientos autogestionados son el producto de una elección ideológica. Esta politización se acentúa en la exploración de articulaciones concretas de las asambleas con los otros movimientos sociales, tanto para defender las posiciones conquistadas como para redefinir actividades económicas alternativas.

3. Tensiones en la economía social

La incorporación de los movimientos en la economía social constituye una novedad en un espacio en el que prevalecían las cooperativas. Éstas constituyen una forma asociativa institucionalizada, sujeta a regulaciones públicas para su conformación y funcionamiento, y su legitimidad deriva de su desarrollo secular en el ámbito del consumo, de la producción y la provisión de servicios públicos y financieros, en el ámbito urbano y rural. Las cooperativas fueron duramente afectadas por las reformas pro-mercado de los años noventa, particularmente en el sector financiero, aunque lograron desarrollarse en ciertas áreas sujetas a privatizaciones, como la provisión de energía eléctrica y los servicios telefónicos, que en muchas localidades del interior del país son gestionados por cooperativas de consumidores.

Otra área de desarrollo importante fue el sector de cooperativas de trabajo, pero su multiplicación durante los años noventa constituyó en gran medida un mecanismo de flexibilización laboral de las empresas, que las utilizaban para evitar los gastos de contratación de trabajadores. Como por definición los socios de una cooperativa no son asalariados, los costos de la protección de salud y previsionales se transfieren individualmente a cada uno de sus miembros. De allí que frecuentemente las cooperativas de trabajo sean vinculadas con el fraude laboral, lo que tiende a deslegitimar esta forma asociativa.

El comportamiento del movimiento cooperativo durante los años noventa fue típicamente defensivo. En un contexto en el que prevalecía un discurso empresarialista que sostenía las reformas pro-mercado, las cooperativas buscaron presentarse públicamente como si fueran empresas privadas más que como una forma asociativa solidaria de productores libres que prevaleciera en sus orígenes.

Esta tensión interna del cooperativismo se transfiere a sus relaciones con los nuevos movimientos sociales, ya que si bien busca integrarlos dentro de su ámbito, también trata de diferenciar las verdaderas cooperativas de las modalidades de subsistencia económica que prevalecen en los movimientos. El cooperativismo se acerca a los movimientos cuando prioriza los valores tradicionales de la cooperación, pero se aleja de ellos cuando privilegia el discurso empresarialista. El primer significado es afín al que promueven los movimientos, para quienes la cooperación constituye una manera de superar la alienación y explotación del trabajo, precisamente los mismos fines que animaron el cooperativismo en sus orígenes, en tanto que el que vincula la forma cooperativa con la actividad empresaria tiende a ser rechazado por los movimientos, ya que lo asocian con una orientación pro capitalista.

Para los movimientos la conformación de cooperativas tiene un carácter puramente instrumental, que les permite acreditarse como sujetos jurídicos y obtener una habilitación legal para realizar actividades económicas; la decisión de conformar una cooperativa, una asociación civil o una organización no gubernamental (ONG) constituye sobre todo una cuestión de costo de oportunidad. En términos económicos, la elección de una u otra forma supone gastos difíciles de afrontar por grupos situados en un nivel de actividad de pura subsistencia para sus miembros. En términos institucionales, la conformación de un sujeto jurídico supone un recorte sobre los miembros del movimiento, y unaadaptación a una forma organizativa con reglas diferentes a las que prevalecen en el mismo. El recorte entre los que quedan afuera o adentro de la cooperativa u ONG puede incrementar el disenso político dentro del movimiento, mientras que las reglas de esas formas organizativas, por lo general jerárquicas y delegativas hacia arriba, contrastan agudamente con aquellos movimientos que promueven formas horizontales y participativas (no delegativas) en la toma de decisiones.

En los movimientos se observan posiciones diversas sobre las formas organizativas de la economía social. Entre los trabajadores de las empresas recuperadas, la necesidad de consolidar su status jurídico determina la adopción de la forma de cooperativa[4], que es de hecho la prevaleciente, aunque no la única. Esto es favorecido por factores endógenos, principalmente por la conformación del colectivo de trabajo previa a la recuperación de la empresa. Pero en la medida que cuentan con un mercado preconstituido al que destinan sus bienes y servicios, se acentúa la tensión entre los valores del cooperativismo como forma asociativa de productores libres y los requeridos para competir en el mercado como empresa.

La forma jurídica de cooperativa fue en principio cuestionada por algunos partidos políticos de izquierda, que promovieron la figura de estatización con control obrero, particularmente en la empresa de confecciones Brukman de Buenos Aires, y en la fábrica de cerámicas Zanón en Neuquén. Esta posición apuntaba a reorientar el papel del Estado en la economía y a resolver la articulación de los ingresos de los trabajadores con la protección de la salud y la jubilación, postura que produjo situaciones de bloqueo en la resolución jurídica de la tenencia de los bienes de las empresas por parte de los trabajadores, debilitándola como opción.

En las organizaciones de desocupados, la cuestión del costo de oportunidad económico es decisiva, tanto más cuanto el emprendimiento se sitúe en el nivel de la pura subsistencia de sus miembros, lo que afecta sus posibilidades de mantenerse adentro o afuera de la economía formal. En la medida que el costo de la institucionalización es elevado, y que uno de los efectos más notorios de la crisis es el crecimiento de las actividades económicas informales, las posibilidades de mantenerse al margen de la economía formal aumentan considerablemente.

En los emprendimientos encarados por las asambleas barriales la conformación de cooperativas se enmarca en debates más amplios acerca del significado de las formas de organización social. Se observa una recuperación de las tradiciones anarquistas de constitución de grupos de afinidad y de autogestión, particularmente aptos para la promoción de los valores de horizontalidad y participación en las decisiones. Estos significados son próximos a los valores originales del cooperativismo y a las posibilidades de prefigurar en el presente las formas de una sociedad futura más igualitaria. Además, en la discusión sobre la economía solidaria se debate acerca de formas alternativas de actividad económica, vinculadas con la protección del medio ambiente, la renovación urbana, los valores del comercio justo y la construcción de redes solidarias.

4. Una nueva economía

La politización, tal como es promovida en los nuevos movimientos sociales, constituye una diferencia clave respecto de los desarrollos de la economía social durante los años noventa. En aquel contexto la economía social aparecía como complementaria del retiro del Estado de la actividad económica, y fue impulsada por los organismos multilaterales de crédito que alentaban su desarrollo al mismo tiempo que el de los mercados. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial promovieron el apoyo a microemprendimientos autónomos, destinados a consolidar unamortiguador social de lo que conceptualizaban como los costos de la transición hacia una moderna economía de mercado.

El colapso de esa ilusión encuentra a los actores sociales más afectados por el modelo en la dura lucha por la supervivencia, apelando a mecanismos relativamente similares a aquellos, pero implementados en oposición a ese modelo: las actividades de la economía social son impulsadas como alternativas frente al fracaso de la economía de mercado; si antes sustituían la intervención estatal, ahora tratan de suplir las carencias de una economía basada en la empresa privada, incapaz de responder a las necesidades de la población. De paradigma alternativo a la intervención estatal, la economía social comienza a ser concebida como paradigma alternativo a la economía de mercado.

En los movimientos, los emprendimientos de economía social surgen del propio proceso de movilización y participación, son inescindibles de éstos y del componente contracultural de los movimientos sociales, que reflejan la emergencia de nuevos valores -igualitarismo, solidaridad, cooperación-, como opuestos al individualismo egoísta del empresarialismopredominante en la pasada década. El componente contracultural se refleja en el carácter político que asumen la producción, distribución y consumo de esta nueva economía, orientadas contra la concepción tradicional de actividades en la que las necesidades eran resueltas automáticamente en la esfera económica a través del salario.

En esta nueva economía social el trabajo se articula en un espacio público en el que la retribución de los agentes no es necesariamente, ni tan sólo, de carácter monetario. Las actividades de la economía social son públicas y se diferencian de las del espacio privado características del mercado o la economía doméstica. También se diferencian de las actividades estatales, donde si bien éstas son públicas, la retribución de sus agentes es centralmente monetaria.

En los emprendimientos impulsados por movimientos piqueteros, asambleas barriales y trabajadores de empresas recuperadas, el desarrollo de capacidades se manifiesta en las propias actividades y la sinergia se deriva de los objetivos de articulación tanto de las experiencias afines como de la instalación de canales transversales entre los movimientos; el respeto se deriva de la regla de horizontalidad en la vinculación entre los miembros de cada movimiento; la solidaridad constituye a la vez un objetivo y una condición de existencia; la confianza deriva de la propia pertenencia al movimiento.

El contexto actual de desarrollo de los nuevos enfoques de la economía social en la Argentina se caracteriza, como fue señalado, por el crecimiento del desempleo y la pobreza. Las respuestas a estos problemas aportadas por los economistas convencionales son canónicas: el desempleo sólo podrá resolverse en la medida del crecimiento económico, por lo tanto, aun cuando la crisis pueda superarse en el corto o mediano plazo, sólo a muy largo plazo se logrará bajar la tasa de desocupación abierta. Estas respuestas distan de las expectativas sociales, por lo que los movimientos encaran los emprendimientos autogestionados desde las necesidades inmediatas, como mecanismos de subsistencia que responden a las urgencias de la crisis, más allá que postulen como meta su articulación en un nuevo paradigma económico.

Pero además de la pobreza y la desocupación, un rasgo notorio del contexto económico y social contemporáneo es la enorme extensión de la informalidad, que se verifica en los datos de las encuestas de hogares: en mayo de 2002 el 60 por ciento de los ocupados padecía algún tipo de precariedad en su inserción laboral. Las plazas y parques de los grandes centros urbanos del país se pueblan cotidianamente de gente que acude a colocar el producto de su trabajo, o incluso sus pertenencias, en puestos de venta precarios. La presencia de estas ferias informales asimila el paisaje al de otros países de América Latina. Sin embargo, la Argentina muestra cierta especificidad: si por una parte la crecienteinformalización de la economía tiende a alinearla con buena parte de los países de la región, la enorme tasa de desocupación abierta emparienta nuestro mercado de trabajo con el de los países centrales. Es como si la Argentina combinara, con la crisis, los dos tipos de mecanismos de ajuste del mercado de trabajo, el ajuste por desocupación -como en Europa- y el ajuste por informalidad como en América Latina.

En la medida que no todas las formas de la economía social están legitimadas, su desarrollo no llega a diferenciarse plenamente de la informalidad. Sin embargo, es necesario establecer las diferencias, en particular con la que define la informalidad como una suerte de perversión de la economía formal, que lleva a que las políticas estatales oscilen entre criminalizarla, canalizarla o tolerarla.

Aun cuando comparta algunas de las características de la economía informal, la recurrencia a una "economía social y solidaria" surge como una nueva utopía de desarrollo, capaz de resolver lo que los esquemas clásicos de la economía no pueden solucionar. Más allá de su carácter (utópico o no), lo que interesa es que los actores sociales en la Argentina parecen suscribir en parte esta utopía, menos por su capacidad para imaginar un "nuevo mundo feliz", que por estar sometidos a la urgencia de las necesidades: para quienes están sumergidos en la pobreza y el desempleo, la autogestión asociada aparece como un mecanismo capaz de resolver de modo eficaz la provisión de alimentos y el uso de su fuerza de trabajo. Esta urgencia se convierte en un motor de las experiencias de autogestión: los obreros que recuperan fábricas abandonadas por sus patrones lo hacen porque no encuentran trabajo en otra parte; los desocupados que se incorporan a emprendimientos autogestionados que impulsan algunos movimientos piqueteros lo hacen por su condición y para proveerse el sustento.

5. La reorientación de las demandas al Estado

En síntesis, la organización autónoma de los agentes de la nueva economía social difiere de la registrada en los años noventa ante el retiro del Estado. La nueva economía social puede ser comprendida atendiendo, en especial, al carácter esencialmente político que incorpora a las actividades económicas, y este carácter no debería ser ajeno a la reconstrucción del Estado. En última instancia la nueva economía social interpela a los funcionarios en términos de las funciones y objetivos estatales: "los obliga a hacer lo que deben hacer" en relación con la sociedad, indica a los funcionarios cómo y dónde aplicar los recursos estatales para promover el desarrollo de esta nueva economía social en dos sentidos: canalizando los recursos y generando nuevas formas jurídicas y sociales que la consoliden.

Las formas de organización de los agentes económicos -la empresa privada, la cooperativa o mutual y la asociación civil-, son formas jurídicas que parecen hoy limitadas para contener las fuerzas solidarias liberadas por la nueva economía social, lo que implica la necesidad de encontrar nuevas figuras jurídico-organizativas capaces de potenciar su desarrollo.

La redefinición de las relaciones de los movimientos con el Estado incluye el contenido de sus reclamos, colocando la construcción de una economía social en un contexto de opciones diferentes. Aunque sigue vigente la demanda de subsidios individuales, crecientemente los movimientos piqueteros se orientan a derivar al menos parte de esos recursos para sostener emprendimientos colectivos. Algunos movimientos reclaman subsidios directos a sus emprendimientos colectivos en lugar de los individuales, mientras otros se proponen obviarlos en la medida en que sus emprendimientos sean sustentables. Otros, finalmente, rechazan todo tipo de subsidios.

La diversidad se observa claramente entre los trabajadores de empresas recuperadas: si bien algunos sostienen el reclamo de subsidios, los derivan a la organización colectiva a fin de garantizar la igualdad de ingresos de sus miembros. Pero en la medida que los trabajadores trascienden el nivel de subsistencia, las demandas se orientan hacia recursos que tornen viables económicamente las empresas autogestionadas, sean financieros -como créditos-, técnicos -como capacitación-, o institucionales, con la finalidad de superar su precariedad jurídica.

La demanda de recursos asistenciales de las asambleas barriales son más amplias y variadas, destacándose las dehabilitaciones para las múltiples actividades que emprenden. Aun cuando recurran a subsidios estatales, sus reclamos se fundamentan en derechos ciudadanos vinculados con la apropiación o reapropiación colectiva de espacios públicos -locales ocupados, plazas y parques, mercados municipales-, de gestión solidaria (comedores comunitarios, cooperativas) y de intervención cultural (movidas culturales, cursos de capacitación, cinematecas).

En suma, al encarar emprendimientos que suponen una construcción social y colectiva de vasto alcance, los movimientos destinan ahora los subsidios a sostenerlos. Por otra parte el Estado, sobre todo a partir de la asunción del nuevo gobierno, parece haber ampliado su capacidad de procesamiento de las demandas sociales. Aun cuando el eje de la respuesta estatal persista en la aplicación de subsidios masivos, un sector gubernamental ensaya caminos alternativos mediante la promoción y el estímulo de actividades inscriptas en el marco de la economía social y de iniciativas de desarrollo local[5]. Aunque incipiente, la reorientación de algunos actores estatales posibilita la generación de ámbitos de encuentro entre las iniciativas sociales y el Estado.

Este desarrollo afronta los problemas de escala de las actividades, orientadas originalmente hacia la subsistencia de sus miembros, las que deben redefinirse para sustentar su reproducción simple primero, y generar luego excedentes para su reproducción ampliada. Estos problemas no son sólo económicos, sino también sociales y políticos, ya que ponen en juego las relaciones de las organizaciones con sus miembros y con otras organizaciones y con las nuevas identidades en construcción, tanto más cuanto que varios movimientos impulsan su articulación en redes para el desarrollo de esta nueva economía.

6. La necesidad de revisión teórica

En conclusión, cabría extraer algunos interrogantes de esta breve descripción. Estos interrogantes deberían trascender los surgidos de las tradiciones teóricas convencionales, en las que las novedades aportadas por la acción de los movimientos sociales en la Argentina constituyen poco menos que extravagancias. Para los economistas convencionales, por ejemplo, la pregunta por la sustentabilidad de esta nueva economía encuentra una respuesta negativa, no tanto porque hayan explorado sus posibilidades de desarrollo, sino porque difiere del modelo de empresa privada supuesto como agente económico principal en sus esquemas de reflexión. Pero también en las tradiciones que provienen del marxismo las preguntas sobre la viabilidad de esta nueva economía tienden a ser respondidas de forma canónica. En general, la exploración de formas productivas alternativas en el marxismo es una cuestión planteada hacia el futuro, para una etapa posterior a la revolución social; en el presente y en el seno de un sistema capitalista, todo lo que existe tendería a estar regido por sus leyes.

Lamentablemente, estos enfoques ayudan poco a la comprensión de las nuevas formas productivas promovidas por los movimientos sociales. En verdad, éstos se preocupan poco de estas visiones canónicas ya que, ocupados en atender su subsistencia cotidiana y en la realización práctica de sus principios, buscan resolver de manera práctica lo que las teorías convencionales les niegan: sus posibilidades de existencia. Pero esta separación entre teoría y práctica sólo puede ser saldada a través de la investigación y la reflexión sobre estas nuevas prácticas. Para eso convendría comenzar colocando entre paréntesis las respuestas canónicas y atender el movimiento real de las cosas.

Bibliografía

Colectivo Situaciones: 19/ 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, Buenos Aires, Ed. De mano en mano, 2002.

Coraggio, José Luis: Una alternativa socioeconómica necesaria: la economía social. Documento presentado al seminario de la Universidad de Bologna sobre "El estado de las relaciones laborales en la Argentina y el Mercosur", Buenos Aries, junio de 2003.

Mc Adam, Doug; Sidney Tarrow y Charles Tilly: Dynamics of contention, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Palomino, Héctor (en colaboración con Ernesto Pastrana): "Argentina ¿después? del diluvio: los nuevos movimientos sociales", en F. Calderón (edit.): ¿Es sostenible la globalización en América Latina?: Debates con Manuel Castells, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

- "El movimiento de empresas recuperadas", en colaboración, Cátedra de Relaciones del Trabajo, en revista Sociedad, núm. 20/21, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2003.

- "Las experiencias actuales de autogestión en Argentina. Entre la informalidad y la economía social", en revista Nueva Sociedad, núm. 184. Caracas, 2003.

- (en colaboración con Graciela Di Marco, Mirta Palomino, Susana Méndez, Ramón Altamirano): Movimientos sociales emergentes en la Argentina. Asambleas: la politización de la sociedad civil, Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín y Jorge Baudino Ediciones, 2003.

Svampa, Maristella y Sebastián Pereyra: Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Ed. Biblos, 2003.

Septiembre de 2004

Este ensayo preliminar se elaboró en base a un conjunto de entrevistas realizadas a integrantes de movimientos sociales en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires entre 2002 y 2003, en el marco de dos investigaciones en curso en la Universidad de Buenos Aires. Una versión inicial fue presentada en la Labour Conference organizada por las universidades de Duke e Indiana, Estados Unidos, en septiembre de 2003.

[1] La cifra de 2,2 millones de desocupados que no reciben subsidios resulta de aplicar la tasa de desocupación de 14,7 por ciento relevada en el segundo trimestre de 2004 en las principales áreas urbanas, sobre el total de la población económicamente activa del país, que asciende a unas 15 millones de personas. La población total del país en 2004 se estima en 37,5 millones de habitantes.

[2] La noción de "grupo en fusión" para caracterizar esta estrategia fue propuesta por J.P. Sartre en Crítica de la razón dialéctica y retomada por Emilio de Ípola en una exposición reciente.

[3] Se trata del Movimiento de Unidad Popular.

[4] Aproximadamente dos tercios de las empresas recuperadas de las que se dispone de información sobre su forma jurídica, están organizadas como cooperativas de trabajo (Palomino y colaboradores, 2003).

[5] Las propias ambigüedades en la implementación de los subsidios a jefes/as de hogar, particularmente el principio de la contraprestación laboral para su distribución, que es escasamente cumplida, posibilita la asignación parcial de esos recursos a emprendimientos productivos. Esta asignación depende de las estrategias de los actores y de su articulación con iniciativas de desarrollo local. El ministerio de Desarrollo Social ha establecido recientemente un área de economía social y algunos de sus programas se orientan sobre el desarrollo local.